La iniciativa parlamentaria fue presentada por la diputada Lourdes Ortiz tras la polémica por un interno que se recibió de psicopedagogo en prisión. El impedimento regirá para empleados de planta y contratados en áreas de cuidado de la niñez y adolescencia.
LA RIOJA.– El debate sobre la reinserción de los privados de la libertad y los límites en la contratación de personal en áreas sensibles del sector público llegó a la Legislatura provincial. A través de un proyecto de ley que ya tomó estado parlamentario, la diputada oficialista Lourdes Ortiz propuso prohibir de manera taxativa el ingreso a la administración pública de La Rioja de cualquier persona que cuente con una condena firme por delitos contra la integridad sexual, cuando las víctimas hayan sido niños, niñas o adolescentes.
La iniciativa surge como una respuesta institucional y preventiva ante la fuerte repercusión pública que generó el caso de un recluso del Servicio Penitenciario Provincial que, mientras cumplía su pena, completó sus estudios superiores y obtuvo el título universitario de psicopedagogo. El hecho encendió las alarmas en el arco político local respecto del destino laboral de este tipo de profesionales dentro de la estructura estatal.
«Analizamos esta posibilidad a partir de la difusión pública que tuvo el caso de una persona que cursa una condena y pudo acceder a un título universitario», explicó la legisladora Ortiz. Al fundamentar el espíritu de la norma, aclaró: «Reconocemos el derecho constitucional que tienen los internos a estudiar y a capacitarse, pero el Estado tiene el deber supremo de proteger a una población hipervulnerable como lo son los niños, niñas y adolescentes».
Exclusión de planta y contratos para áreas de cuidado
El texto del proyecto estipula que la restricción será de carácter absoluto para cualquier tipo de modalidad de vinculación laboral con el Estado riojano, alcanzando tanto a las designaciones en planta permanente como a las locaciones de servicio o contratos temporales.
Sin embargo, la diputada precisó que no se trata de una inhabilitación civil generalizada, sino de un filtro específico de idoneidad y protección comunitaria. «El impedimento para ingresar al Estado sería estrictamente en áreas vinculadas con tareas de cuidado y atención de niños, niñas y adolescentes, no para cualquier otra función de la administración pública», diferenció Ortiz. De esta manera, ministerios como los de Educación, Salud y Desarrollo Social —o dependencias específicas de minoridad— quedarían blindados ante estas contrataciones.
- Alcance: Personas con condenas firmes por delitos sexuales contra menores de edad.
- Modalidad: Prohibición para planta permanente, transitoria y contratos de prestación de servicios.
- Destino: Exclusión activa en carteras oficiales que tengan vinculación directa con la infancia.
«Esta es una herramienta de carácter netamente preventivo. No estamos en contra de que los condenados ejerzan sus derechos tras cumplir sus penas, pero la prioridad absoluta del diseño de políticas públicas debe ser la protección de los menores», sentenció la legisladora.
El proyecto de ley ya inició su correspondiente recorrido de análisis en las comisiones de la Legislatura riojana. Según anticipó su autora, el texto definitivo entrará en un proceso de consulta y apertura institucional para recibir aportes técnicos, jurídicos y observaciones de diversos colectivos de la sociedad civil, organismos de derechos humanos y especialistas en minoridad, con el objetivo de lograr dictamen y llevar la discusión al recinto antes del cierre del periodo legislativo.
