Categoría: El dato

Martínez advierte que la presidenta “se contradice para proteger a Boudou”

Diputados-argentinos-Caso-Ciccione-e1345660237739-655x384El diputado nacional y miembro de la Comisión de Juicio Político, Julio Martínez (UCR La Rioja), manifestó que “todos los argumentos que hoy exponen para proteger a Boudou son contrarios a los utilizados por la Presidenta en 1990”.

“Hace 24 años Cristina Fernández fue autora intelectual del juicio político al entonces Gobernador de la Provincia de Santa Cruz, Ricardo Del Val” explicó el diputado radical, para luego agregar que “no esperaron, ni siquiera, la apertura de una causa judicial y en tres días lo destituyeron”.

En este sentido, Martínez señaló que “es absolutamente falso que esta Cámara deba esperar los fallos judiciales para destituir al Vicepresidente”.

“Es legal que Boudou siga en el cargo, pero le pedimos que se tome licencia” subrayó el legislador riojano, e indicó que “su participación en el negocio para quedarse con la máquina de hacer billetes lo inhabilita moralmente para seguir presidiendo el Senado”.

 

Crimen de Angelelli: investigarán a familiares de Menem

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Tres integrantes de la familia Menem, entre otras 20 personas, podrían ser investigadas por su presunta vinculación con el homicidio del ex obispo Enrique Angelelli.

La novedad fue conocida ayer durante la lectura del fallo que el Tribunal Oral Federal de La Rioja comunicó acerca de la condena como autores mediatos sobre Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella.

En el punto 9 de la sentencia, el Tribunal Oral Federal aceptó el pedido de las querellas para remitir los antecedentes al Fiscal Federal, Darío Illanez, “para que investigue la presunta comisión de delitos” relacionados con el crimen de Angelelli que podrían haber cometido 20 personas, entre civiles y militares.

Tres integrantes de la nómina pertenecen a la familia del ex presidente Carlos Menem: su hermano Amado, ya fallecido, y sus primos Manuel y César.

Ellos integraban junto a otros miembros de familias terratenientes del departamento Castro Barros, la agrupación ‘Cruzados de la Fe’ que resistió la formación de una cooperativa de agricultores en Aminga, impulsada por Angelelli.

En la misma situación está Juan Fanor Del Moral, padre del actual ministro de Desarrollo Social de la provincia, Marcelo Del Moral, entre otros.

Hay otro grupo ligado al diario El Sol, de propiedad de Tomás Alvarez Saavedra, también ya fallecido, como Luis Saavedra, José Ricardo Furey, Roberto Pastor Avila, entre otros, que de acuerdo con la acusación habría montado una campaña en contra del “obispo rojo” o “satanelli”, como lo llamaban.

La lista se completa con otros civiles: Juan Carlos Cisterna, Carlos Orellana, Fiore Secona, Manuel Yañez, Simón Navarro, José Lucero, Humberto Páez y los militares Héctor Maximiliano Paiva, Juan Carlos Muller, Norberto Maggi y el capitán Cerruti.

El tribunal puso a disposición de las partes el expediente para que se inicie la investigación.

Cadena 3: Perpetua en cárcel común para Menéndez y Estrella

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Los ex militares Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella fueron condenados esta tarde a prisión perpetua por el homicidio del obispo Enrique Angelelli, ocurrido durante la última dictadura.

Menéndez y Estrella fueron hallados culpables por el Tribunal Oral Penal de La Rioja, que decidió además revocarles a ambos el beneficio de la prisión domiciliaria, para que sean “inmediatamente trasladados” a la cárcel de Bouwer, en Córdoba.

El viernes 12 de septiembre, el tribunal dará lectura a los fundamentos de la sentencia.

De esta manera, la Justicia hizo lugar al pedido de los fiscales federales Michel Horacio Salman, Dario Illanes y Fernando Gimena, quienes habían solicitado prisión perpetua e inhabilitación para los dos exmilitares.

Al realizar su último descargo antes de la sentencia, Estrella, quien se desempeñó como segundo jefe de la Base Aérea del Chamical (CELPA), cometió un acto fallido al señalar: “Todos los testigos convocados por la Fiscalía dijeron que la escena del crimen no cambió… perdón, la escena del accidente”.

Un rato antes, por teleconferencia desde la Cámara Federal habló Menéndez, quien intentó desacreditar el proceso al afirmar que pasó “de ser testigo a imputado”.

CELS: No hay argumentos válidos que justifiquen la nulidad en la causa que debe investigar a Milani en La Rioja

Captura de pantalla (242)El juez federal Daniel Herrera Piedrabuena declaró la nulidad del requerimiento fiscal de instrucción en la causa en la que se debe investigar a César Milani, jefe del Ejército, por su responsabilidad en el secuestro y tortura de Pedro y Ramón Olivera en La Rioja en 1977.

Para fundamentar su decisión, Herrera Piedrabuena utiliza argumentos arbitrarios y sin sustento. El juez basa la nulidad en que Milani sostiene que el requerimiento no le permitió ejercer su derecho de defensa. Esta apreciación de Herrera Piedrabuena contradice actos procesales de la causa, según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Durante la instrucción Milani desplegó distintas estrategias defensivas. Por ejemplo, su defensa presentó argumentos de fondo respecto a los hechos que se le imputan:  dio su versión sobre el funcionamiento del circuito represivo de La Rioja, caracterizó su rol como subteniente e incluso dijo que, según consta en su legajo, estaba sancionado en el momento del secuestro de Pedro Olivera. Es decir que comprendió claramente el alcance de los hechos de los que se lo acusa. Al mismo tiempo, durante meses, tanto la fiscalía, como la querella y la defensa consintieron la instrucción de la causa, en la que Milani se presentó espontáneamente y se tomaron testimonios.

Si bien el juez indica que el Ministerio Público Fiscal debe volver a requerir la investigación, la decisión de anular el trabajo judicial ya realizado sin argumentos válidos que la justifiquen significa un verdadero entorpecimiento del proceso que, si no se toman las medidas necesarias, conduciría a la impunidad. En los hechos, esta decisión implica que el caso vuelve al fiscal Horacio Salman, quien en el pedido de nulidad ya emitió su opinión favorable a desvincular a Milani de la investigación y que, por lo tanto, debería apartarse de la causa.

La justicia federal y el Ministerio Público Fiscal deben tomar todas las decisiones necesarias para que la investigación de estos hechos se lleve adelante de manera tal que garantice el cumplimiento de la obligación del Estado argentino de averiguar la verdad de lo sucedido y garantizar el acceso de las víctimas a la justicia.

Piden el juicio político del juez Herrera Piedrabuena

Captura de pantalla (235)El Consejo de la Magistratura postergó ayer para más adelante tratar la situación del juez federal de La Rioja Daniel Herrera Piedrabuena en una denuncia que se le formuló por su actuación en la investigación de la desaparición del conscripto Alberto Agapito Ledo durante la dictadura.

El expediente contra el magistrado, que lleva el número 73/11 y en su carátula el nombre de la madre del conscripto, Marcela Brizuela de Ledo, y el de organización Madres de Plaza de Mayo de esa provincia, ambas entre los denunciantes del juez, figuraba en el orden del día del plenario realizado ayer en el organismo junto con otras denuncias para ser archivadas por haber transcurrido tres años de plazo desde su presentación y sin resolución del caso.

Sin embargo, el archivo se postergó a pedido del senador radical Mario Cimadevilla, que pidió más tiempo para poder estudiar con mayor profundidad el caso. El organismo también aprobó ayer dejar en el primer lugar de la terna a Diego Allievi en el concurso destinado a ocupar el juzgado federal de Campana.

Apoyo de veinte ministros provinciales de Economía por los fondos buitre

Captura de pantalla (241)Los ministros de Economía de veinte provincias argentinas expresaron ayer su respaldo a las acciones que lleva adelante el gobierno nacional frente al reciente fallo de la Justicia estadounidense que favoreció a los fondos buitre por bonos que no entraron en los canjes de 2005 y 2010. “Nos hallamos en un momento histórico, en el que todas las fuerzas políticas y sociales debemos bregar por una solución beneficiosa para la Argentina, frente a la situación actual en el diferendo que sostiene nuestro país con los holdouts. Este hecho ha trascendido las posturas ideológicas, convirtiéndose en una cuestión de soberanía, manifestado incluso por el apoyo institucional de distintos organismos multilaterales”, dice el comunicado distribuido por los funcionarios.

El texto está firmado por los ministros de Economía de Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán y Formosa. Solo estuvieron ausentes los representantes de Córdoba, San Luis, Chaco y Corrientes. “En nuestra calidad institucional de ministros de Economía de las provincias argentinas, expresamos nuestro respaldo a la posición argentina en la reestructuración de la deuda soberana y abogamos por el logro de una solución que no comprometa el amplio proceso de reestructuración y los esfuerzos realizados por nuestro país en pos de honrar los compromisos adquiridos con más del 92 por ciento de sus acreedores”, agrega el comunicado.

Luego de aclarar que no se debe buscar acordar a cualquier costo, los ministros destacan la potencialidad que conlleva una resolución favorable del litigio que mantiene la Argentina hace ya más de diez años. “Consideramos que la resolución razonable de este litigio abre condiciones propicias para Argentina y para las economías regionales, lo cual permitirá, con mayor inversión y acceso al financiamiento, apalancar el desarrollo del país”, concluye el texto.

El apoyo del partido a la Presidenta por el conflicto con los fondos buitre

Captura de pantalla (240)En su presentación oficial luego de la normalización partidaria, el Consejo Nacional del PJ respaldó de manera “total e incondicional” la posición de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ante los requerimientos de los fondos buitre. “Estos hechos de extraordinaria especulación sólo buscan poner de rodillas al país para que negocie en peores condiciones”, señalaron las autoridades del PJ en un documento elaborado durante la jornada. Además, defendieron al vicepresidente Amado Boudou frente al “linchamiento mediático y el intento de aprovechamiento político” de la oposición.

“Estamos acompañados por la ciudadanía y la oposición en general, más allá de algunos casos en particular, estuvo a la altura de las circunstancias con el acompañamiento” a la estrategia del gobierno nacional frente a los holdouts, destacó el gobernador de Jujuy y presidente del PJ, Eduardo Fellner. El fallo de la Justicia estadounidense a favor de los grupos de especulación financiera que no ingresaron a la reestructuración de la deuda argentina fue el tema central que atravesó la primera reunión del consejo partidario del justicialismo. “Para pensar el futuro, hay que defender el presente”, señaló Fellner y agregó que el PJ es “un partido absolutamente federal, no podemos pensar sólo en el futuro y en las elecciones de 2015 si no defendemos hoy a nuestro gobierno nacional”.

Con cerca de 130 de los 174 congresales que integran la conducción del PJ presentes, el consejo se reunió por primera vez desde la normalización del partido, el 9 de mayo. Allí estaban casi todos los precandidatos presidenciales: el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randa-zzo; el gobernador bonaerense, Daniel Scioli; el de Salta, Juan Manuel Urtubey; el senador Aníbal Fernández y el presidente de la Cámara de diputados, Julián Domínguez. El gobernador entrerriano, Sergio Urribarri, debió quedarse en su provincia ante la emergencia por la crecida de los ríos y el ministro de Defensa, Agustín Rossi, se encuentra en Cuba. La conducción se encontraba completa con Fellner; el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el secretario general de la CGT, Antonio Caló; la senadora Beatriz Rojkés y el diputados Eduardo “Wado” De Pedro. También se mostraron el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, y los gobernadores de La Rioja, Luis Beder Herrera, y de Catamarca, Lucía Corpacci, entre otros legisladores y dirigentes de todo el país.

El documento en el que trabajaron distintos integrantes del consejo, como Capitanich, el diputado bonaerense José Ottavis y Fellner, entre otros, apuntó directamente contra el accionar de los fondos buitre, que amenaza el proceso de reestructuración de la deuda. El PJ lamentó “la posición de la Corte de los Estados Unidos de no revisar las decisiones del juez Thomas Griesa, que desconoce el derecho soberano de la Argentina de resolver su deuda externa” y destacó que “provoca consecuencias perjudiciales no sólo a nuestro país, sino también a los acreedores que aceptaron libremente negociar e ingresar en los canjes”. A su vez, hicieron suya “la preocupación de la Presidenta frente a estos hechos de extraordinaria especulación financiera, que sólo buscan poner de rodillas al país para que negocie en peores condiciones, poniendo en crisis cualquier idea de capitalismo serio y responsable”.

Otro párrafo se lo llevó la defensa del vicepresidente Boudou ante los reiterados pedidos de la oposición para que solicite licencia. “No se puede someter a juicio político a alguien que está siendo sometido a un proceso judicial, confiamos plenamente en la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario”, aseguró Fellner después del encuentro. En el texto, los congresales repudiaron “el linchamiento mediático y el intento de aprovechamiento político que la oposición y sectores económicos concentrados realizan sobre la situación judicial del vicepresidente”, acompañando la posición del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, donde se desestimó el pedido de juicio político a Boudou.

Angelelli: Llegó la hora de las definiciones

Captura de pantalla (239)La Justicia de La Rioja tiene la oportunidad de dar vuelta el sentido de una de las páginas de su historia: casi cuarenta años después de haber mirado para otro lado, definirá esta tarde si los represores Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella son responsables de la muerte del obispo de La Rioja Enrique Angelelli y las heridas graves sufridas por el entonces sacerdote Arturo Pinto en agosto de 1976. En sus alegatos, las partes acusadoras consideraron que las pruebas expuestas durante el juicio oral comprobaron que el accidente de tránsito que sufrieron Angelelli y Pinto la tarde del 4 de agosto de aquel año fue, en realidad, un atentado pergeñado por las fuerzas de seguridad en el marco del terrorismo de Estado. Pinto, el Obispado de La Rioja, las secretarías de Derechos Humanos provincial y de la Nación y la fiscalía solicitaron al Tribunal Oral Federal riojano que condene a los acusados a prisión perpetua a cumplir en cárcel común.

La sentencia, que se conocerá en un nuevo aniversario del asesinato de los curas palotinos –tres sacerdotes y dos seminaristas fueron acribillados el 4 de julio de 1976 por un grupo de tareas–, cosechó grandes expectativas. Ayer, para esperarla, se realizó una misa y una marcha.

Luego de ocho meses de debate oral y cerca de cien testigos, los jueces José Quiroga, Calos Cascano y Juan Carlos Reynaga –los últimos dos de Córdoba y Catamarca, respectivamente– deben decidir si sentencian o no a Menéndez y al comodoro Estrella. Los magistrados contaron, entre otras pruebas –tal como reveló Página/12–, con varias cartas que, después de casi cuarenta años de mantenerlas guardadas, aportó la Iglesia. En ellas, Angelelli denunciaba ante autoridades eclesiásticas nacionales y vaticanas amenazas y persecuciones. Los documentos son reveladores en cuanto a la situación en la que se encontraba la diócesis de Angelelli y él mismo durante 1976.

Menéndez y Estrella son los únicos dos imputados que llegaron al juicio oral con vida: el ex ministro del Interior Albano Harguindeguy, el dictador Jorge Rafael Videla y Juan Carlos Romero, del Departamento de Informaciones de La Rioja, fallecieron antes de que comenzara el debate.

Las querellas y la fiscalía solicitaron para los acusados las penas de prisión e inhabilitación perpetua y cárcel común. La querella de los organismos públicos de derechos humanos pidió, además, que la Justicia investigue a los integrantes de los Cruzados de la Fe, una agrupación de terratenientes conservadores que atacaron a Angelelli y fomentaban su persecución a través del periódico local El Sol (ver Página/12).

El 4 de agosto de 1976, Angelelli y Pinto regresaban de Chamical a bordo de una camioneta. Habían participado de una misa en homenaje a los curas de aquel pueblo Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias, cuyos cuerpos habían sido encontrados acribillados en las cercanías de la ciudad el 18 de julio de ese año, y según aseguró Pinto en el juicio, “Angelelli sabía que lo iban a matar”. Unos días antes habían asesinado al laico Wenceslao Pedernera. Decidieron, aquella tarde, cambiar la ruta de regreso a la capital riojana para no pasar frente a la base aérea de Chamical. Pero no bastó.

Según declaró Pinto en el juicio, un auto blanco se cruzó delante de la camioneta en la que viajaban con Angelelli y la hizo volcar. El obispo salió despedido, Pinto quedó inconsciente. La hipótesis que para las partes acusadoras quedó probada se basa incluso en informes forenses: Angelelli fue “rematado” en el piso con un golpe de un objeto contundente en su cabeza. Entonces, el hecho fue investigado por el juez Rodolfo Vigo, quien según testimonios vertidos en el debate oral fue “instalado” en la Justicia local un mes antes del dudoso accidente y removido pocas semanas después de que se cerrara el caso. Vigo aceptó la versión policial de los hechos: muerte producida por accidente de tránsito. En 1986 la causa resurgió y se encaminaba a desechar la teoría del choque accidental para imputar a integrantes de las Fuerzas Armadas, pero la ley de impunidad que ponía un punto final a las investigaciones sobre los crímenes de la dictadura la neutralizó. La anulación de aquellas normas permitió retomar la marcha. El resultado se conocerá esta tarde.

Milani: Una causa que empieza otra vez

Captura de pantalla (238)El juez federal de La Rioja Daniel Herrera Piedrabuena declaró nula la investigación realizada sobre el jefe del Ejército, César Milani, por el secuestro, detención y tormentos durante la dictadura de Pedro y Ramón Olivera, aunque dispuso que se inicie una nueva pesquisa. La decisión fue tomada por el magistrado luego de que el fiscal federal Horacio Salman pidiera el cierre de la causa, adhiriendo a los argumentos de la defensa de Milani. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) había denunciado al fiscal por mal desempeño.

Milani fue denunciado por el ex detenido Ramón Olivera de haber participado en un allanamiento en el que fue secuestrado su padre, torturado en el Batallón de Ingenieros 141, donde Milani estaba destinado con el grado de teniente. Además, el denunciante aseguró que Milani “estuvo presente y lo hostilizó durante un interrogatorio judicial en el que” él mismo intentó “infructuosamente denunciar que había sido torturado en su lugar de detención ilegal”. Olivera realizó una primera denuncia ante la Comisión Riojana de Derechos Humanos en 1984 y ratificó sus dichos en el 2013 ante la Justicia.

La causa tuvo dos cambios de fiscales. Su titular, Darío Illanes, fue recusado por Milani y se excusó. Lo reemplazó la subrogante Marta Elena Kumah, que fue quien redactó el requerimiento de instrucción. En febrero de este año se hizo cargo Salman, que pidió la nulidad del requerimiento.

Al anular lo actuado, el juez sostuvo que el requerimiento de la fiscalía “se limitó a consignar que las actuaciones se iniciaron por la denuncia” de Olivera, sin describir “la acción u omisión ilícita que se debería atribuir” a Milani.

“Es decir, no se especificó cuál fue la conducta desplegada por el o los denunciados a partir de la cual pueda, o no, formulárseles reproche penal”, agregó el magistrado en su fallo. “Dicho de otro modo, el requerimiento fiscal de instrucción no determinó qué hecho llevó a cabo cada uno de los denunciados, circunstancia ésta que impide que los posibles sindicados puedan ejercer materialmente su defensa, pues se ven imposibilitados de refutar una hipótesis fáctica por el simple hecho de que ella no fue formulada por el Ministerio Público Fiscal.”

El juez apuntó que por esto “los eventuales imputados no sólo se ven privados de dar otra versión de los hechos, sino que también se ven impedidos de requerir el diligenciamiento de prueba que permita desvirtuar el hecho que se les atribuye”.

Tras conocerse la noticia, el denunciante Olivera declaró que le preocupa “quién va a investigar a partir de ahora”.

Al denunciar al fiscal Salman por mal desempeño, el CELS advirtió que el fiscal “no cumplió con su deber de sostener la acción pública” contra Milani ni “garantizar una investigación imparcial y eficaz”. El organismo de derechos humanos consideró “inadmisible” que “en su rol de fiscal, Salman obstaculice el acceso de las víctimas a la Justicia y colabore a través de maniobras procesales con la estrategia de la defensa para que Milani no sea llamado a indagatoria”.

La historia de los cruzados de la fe, un grupo de laicos terratenientes de La Rioja

Captura de pantalla (237)Cruzados de la Fe fue un grupo de laicos terratenientes conservadores de La Rioja que actuó algunos años antes y durante el terrorismo de Estado y jugó un rol fundamental en la persecución que sufrió la diócesis de Enrique Angelelli mientras fue obispo de esa provincia: su encarnizado ataque al obispo en pos de la defensa de intereses propios y la arenga para su exterminio es historia conocida en tierra riojana, pero recién a partir del juicio por el asesinato de Angelelli, que terminará hoy el tema quedó definitivamente sobre la mesa de la Justicia. “Existe una perfecta correspondencia entre los objetivos de los Cruzados y los de la última dictadura: la conservación del poder en pocas manos, en las de ellos”, aseveró Bernardo Lobo Bugeau, uno de los representantes de la querella de las secretarías de Derechos Humanos provincial y de la Nación en el debate oral que exigió, en su alegato, la apertura de la investigación sobre el tema.

“Existen coincidencias entre la línea ideológica del grupo y la de los ejecutores de los crímenes de lesa humanidad en la provincia”, advirtió Lobo Bugeau. El abogado advirtió que no existen pruebas explícitas de las funciones que este grupo de terratenientes podría haber cumplido en los crímenes de la última dictadura, pero señaló que hay testimonios y documentos que sirven de punto de partida para que la Justicia empiece a buscarlas: “Hay menciones en los discursos de Luciano Benjamín Menéndez y Estrella sobre la idea de convertirse en Cruzados de la Fe, de combatir a la subversión con la cruz y con la espada”, apuntó.

Las querellas ubicaron a los Cruzados de la Fe como un ingrediente del pilar civil que “desgastó” a la diócesis de Angelelli en medio de la avanzada reaccionaria de aquellos años. “Lo persiguieron y una vez que el Ejército estuvo en el poder avanzaron con las autoridades eclesiásticas castrenses. Al poco tiempo, Angelelli fue asesinado”, apuntó Lobo Bugeau.

Litigio de fe

El nombre Cruzados de la Fe se escuchó por primera vez públicamente el 13 de junio de 1973. Lo utilizó una treintena de hombres para identificarse tras haber echado a piedrazos, insultos y punta de pistola al obispo provincial y a los sacerdotes Antonio Puigjané y Jorge Danielini, que lo habían acompañado a Anillaco para dar misa. Angelelli sancionó a 13 hombres identificados como miembros de aquel grupo: entre ellos figuraban Amado, César y Manuel Menem, hermanos y primo del ex presidente Carlos Menem; José Ricardo Furey, actual asesor de Menem en el Senado, y Tomás y Luis Alvarez Saavedra, el fundador del diario El Sol y su hijo.

El conflicto de Anillaco fue la presentación en público, pero no el origen de los Cruzados de la Fe. Rafael Sifre compartió ocho años de “construcción y trabajo” con Angelelli. Los primeros años de la década del ’70 eran años de pobreza extrema en aquella provincia, en donde la riqueza y los recursos eran atesorados por pocas manos, territorio ideal para poder desarrollar las líneas de una Iglesia que, tras el encuentro de la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín (1968) y las propuestas del Concilio Vaticano II, estaba cambiando su rumbo. Junto a un pequeño grupo de militantes católicos, Sifre andaba en esa búsqueda. Eran de Mendoza, pero se instalaron en La Rioja, convocados por su flamante obispo. En Aminga, más precisamente. Conformaron el Movimiento Rural Diocesano.

Aminga es la ciudad cabecera del departamento riojano de Castro Barros. Allí, Angelelli había localizado un latifundio abandonado que concentraba el 70 por ciento de la tierra productiva de la ciudad y el 70 por ciento de los cupos de riego de la zona. Sus dueños habían fallecido y sus familiares directos nada reclamaban. “Hablamos con el gobernador de entonces (Santiago Bilmezis), le contamos que queríamos organizar al pueblo para que trabajase la tierra y revivir, necesitábamos expropiar ese latifundio y nos apoyó”, recordó Sifre.

Comenzaron las asambleas generales con los pobladores. El horizonte a conquistar era la conformación de una cooperativa de trabajo: Coodetral (Cooperativa de Trabajo de Aminga Ltda). Detalló Sifre: “En las asambleas participaba todo el pueblo, incluso los terratenientes del lugar, que cuando se dieron cuenta de que con la cooperativa iban a perder la posesión se enojaron. Encabezados por Amado Menem, querían distribuir el enorme latifundio en parcelas. La propiedad de modo cooperativo de la tierra permitía, en cambio, incluir a más pobladores. Nos acusaban de subversivos, de comunistas y de estar apoyados por el obispo rojo. Al otro día nos pusieron una bomba en la sede del movimiento rural que habíamos instalado en el pueblo”, continuó el militante, que tras escapar al terror de la dictadura regresó a La Rioja, donde aún vive. Cuando fueron a denunciar las amenazas fueron encarcelados. Los liberaron a los pocos días.

Para entonces, ya funcionaba el diario El Sol, el aparato de difusión de los Cruzados. Su fundador fue Alvarez Saavedra y su director periodístico, Furey, ambos integrantes identificados de la agrupación reaccionaria y conservadora. “El discurso contra la pastoral de Angelelli de El Sol era abierto, sin miramientos. La coacción psicológica del diario se profundizó en 1976. El diario se convirtió en vocero del régimen militar”, explicó Lobo Bugeau.

El movimiento rural resistió, pero el panorama no mejoró. Realizaron movilizaciones. Entonces escucharon los primeros insultos en vivo y en directo: provenían de integrantes de otra agrupación que más tarde se fundiría con los cruzados: la bonaerense Tradición, Familia y Propiedad. La expropiación del latifundio y la conformación de la cooperativa se transformaron en el discurso de campaña de Carlos Menem, candidato a gobernador por el FreJuLi en 1973, sobre lo que Sifre recordó: “Lo votamos. Angelelli estaba ilusionado. Nunca más nos dio bola”. Luego echaron a piedrazos al obispo y a su pastoral de Anillaco.

“Los Cruzados vinieron por nosotros. Frenaron un camión en la puerta de la sede del movimiento. Amado Menem, a los tiros, nos gritaba ‘salgan, si son tan machitos’. Entraron, rompieron y se robaron todo. Después fueron a buscar a las monjitas –un grupo de religiosas que trabajaba en el pueblo–, que se salvaron porque los vecinos las escondieron en sus casas. Nos tuvimos que ir de Aminga”, denunció Sifre, quien, cuando declaró en el juicio por el asesinato de Angelelli, dijo: “Los militares terminaron lo que estos cruzados siempre quisieron hacer”.

Después de Coodetral hubo un intento más de conformar una cooperativa de trabajo. Fue en un campo de la ciudad de Michogasta. Tampoco pudieron. Para 1976, él y algunos compañeros habían seguido el consejo de Angelelli: abandonar la provincia. “Lo vi llorar. Tenía miedo, sabía que lo querían matar, pero se hizo cargo de la situación. ‘Ojalá mi muerte sirva para que el Episcopado se dé cuenta de que se equivocó en no ayudarnos’ me dijo la última vez que lo vi”, recordó, además de aseverar que “Angelelli sabía que los Cruzados de la Fe tenían algo que ver con las amenazas que recibía”. El obispo de La Rioja advirtió de tales cuestiones, entre otras, a sus superiores. No obtuvo respuesta.

Senadores paraguayos dicen que se viene “una nueva Botnia”, tras su fracaso en La Rioja

Captura de pantalla (236)Luego de que sus pedidos de informes fueran ignorados por Argentina, Paraguay decidió enviar una misión especial de tres senadores al país para rechazar la construcción de una planta de combustible para centrales atómicas en Formosa, a 20 kilómetros de la frontera. Una delegación de ese país se presentó el miércoles en la Comisión de Derechos y Garantías del Senado para recabar información y manifestar su oposición al proyecto.

El senador paraguayo Arnaldo Giuzzio aseguró que desde 2011 se realizaron 8 pedidos de informes con respecto a planes, esquemas de seguridad e impacto ambiental del proyecto, pero nunca obtuvieron respuesta, por lo que tuvieron que solicitarla en el marco de la Organización Internacional de Energía Nuclear, que obliga a transmitir datos y antecedentes. “Los datos que nos pasan son ambiguos, desconciertan, pareciera que ni el Senado sabe. Necesitamos información y queremos evitar roces innecesarios”, señaló.

La planta de la estatal Dioxitek –que es de la Comisión Nacional de Energía Atómica (99%) y Mendoza (1%)– produce dióxido de uranio que sirve para abastecer a las plantas de energía atómica. Funcionaba en Córdoba pero, tras la presión de los vecinos, se acordó que abandone el lugar en 2014. Mendoza y La Rioja resistieron una eventual mudanza y ahora lo hacen Formosa y Paraguay.

Los legisladores utilizan en su defensa parte de los argumentos del ambientalista Raúl Montenegro, con quien se reunieron estos días. Para el especialista, luego de 30 años de funcionamiento, se generó un daño ambiental de 57.600 toneladas de residuos radiactivos de baja intensidad, que permanecen sin contención. Autoridades de Dioxitek reconocieron en los 90 que vertían dióxido de uranio en las cloacas. El río Suquía terminaba recibiendo los líquidos filtrados. Luego comenzaron a almacenar el material bajo tierra.

“Una cosa es enterrar los residuos en la montaña, y otra en el estero. En estos momentos esos lugares están inundados, hay agua muy cerca de la superficie”, señaló el senador Fernando Silva Facetti. “ Esto es la nueva Botnia, pero ahora con Argentina del otro lado”, aseguró. “Chaco y Salta tienen por ley prohibido el tránsito de materiales nucleares. Entonces, para tratar los residuos, sólo queda enterrarlos o transportarlos por río”, explicó. “Entendemos que ya empezaron los trabajos”, agregó. El 15 de julio se hará una audiencia pública no vinculante en Formosa sobre caso.

Anularon una causa contra Milani por la represión ilegal en La Rioja

Captura de pantalla (234)El jefe del Ejército, teniente general, César Milani, logró un extenso respiro en una de las causas que se le hacen por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. El juez federal Daniel Herrera Piedrabuena ordenó hacer una nueva requisitoria fiscal en la causa que el ex preso político Alfredo Olivera le inició a Milani por la detención ilegal suya y de su padre en marzo de 1977, lo cual implica de hecho que hay que recomenzar esta causa iniciada el año pasado.

El juez Herrera Piedrabuena, en el expediente 011873/2013, por resolución de fecha 2 de julio declaró nula la investigación de la fiscalía en la causa.

La denuncia de Olivera estuvo varios meses paralizada hasta que el fiscal titular Darío Illanes se inhibió y el expediente lo tomó la fiscal subrogante Marta Kunath, quien dictaminó una acción contra autores desconocidos cuando la denuncia había sido concretamente contra Milani.

Así el expediente pasó al fiscal del Tribunal Oral Federal, Horacio Salman, quien hace poco aceptó los argumentos del defensor oficial de Milani, Nicolás Narbona, sobre que habían confundido al militar con otra persona, en el secuestro de Pedro Olivera y de su hijo Alfredo Olivera, entre otros argumentos en defensa del militar como por ejemplo la falta de una acusación concreta con nombre y apellido, como lo establece la jurisprudencia.

Sin embargo, precavido, Salman no pidió el sobreseimiento de Milani, sino que dejó abierta la posibilidad de que siguiera la causa.

Ayer, el expreso político Alfredo Olivera le dijo a Clarín que “si bien lo ideal para Milani era que fuese sobreseído, para poder decir que él nunca hizo nada, esta decisión del juez era previsible, aunque sabemos que la causa y por ende el juzgamiento y condena de Milani se dilatan en el tiempo. Y a él le conviene que todo llegue al 2015”.

Esta dilación es porque “nosotros y también el CELS, impugnamos al fiscal Salman cuando tuvimos conocimiento de su resolución anterior, de no llamar a indagatoria ni imputar a Milani y todavía la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó no tomó una determinación al respecto” dijo Olivera.

El ex detenido político puntualizó que en el expediente “Salman sigue siendo el fiscal y si el juez pide hacer una nueva requisitoria, es decir una nueva lectura total de la causa y tomar acciones a seguir, eso no lo podrá hacer Salman, porque ya tiene una postura tomada con su dictamen anterior”.

El ex preso político señaló que cuando lo detuvieron a él, su hermano Jesús Jerónimo Olivera lo anduvo buscando y en esa búsqueda fue a la casa del capellán del batallón de La Rioja, el sacerdote Pelanda López, quien le dijo que “ iba a intentar hablar con el subteniente Milani, para ver qué se podía hacer. Él (Pelanda) me dijo que fue Milani quien allanó mi domicilio”.

Alfredo Olivera recordó que su hermana Nidia del Valle, declaró que ella tenía un short roído y eso le vergüenza y río. Y un tipo que comandaba el grupo (de militares), que luego por las fotos reconozco como el subteniente Milani, dijo: mirá esta pendeja de mierda, cómo se ríe y después va a llorar”.

Holdouts: En alerta, las provincias se abroquelan detrás de la estrategia oficial

Captura de pantalla (233)En el piso 9 del Consejo Federal de Impuestos, la charla reservada se centró en una palabra: buitres. El desenlace del conflicto con los holdouts fue el eje casi excluyente de un encuentro de ministros de Economía de las provincias que, en un gesto inédito y más allá del signo político, suscribieron un documento de respaldo a la negociación encarada por la Casa Rosada.

La reunión, que se realizó ayer por la mañana, forma parte de una ronda de diálogo que habilitaron los gobernadores después de la crisis policial que se replicó, como efecto cascada, en la mayoría de los distritos del país. El formato se enmarca en una estrategia para intercambiar experiencias y conciliar posiciones para blindar frentes de tormenta.

¿Por qué preocupa a los mandatarios el revés judicial estadounidense en el litigio con los bonistas rebeldes? El primer impacto real fue el freno a un grupo de provincias que se embarcaban a tomar deuda en el exterior a una tasa “razonable” que ya no existe, para emprender obras de infraestructura o, directamente, cumplir con gastos corrientes.

La otra luz de alarma es el “descalabro” en términos macroeconómicos que puede implicar en el tablero una falta de acuerdo con los tenedores que no ingresaron en las reestructuraciones anteriores, como sí ocurrió con el 93% de los acreedores. Ni hablar de las inversiones que suponen podían llegar, posdevaluación, una vez regularizado el frente externo.

“El propio mercado va a forzar una solución”, se esperanzó ante la nacion uno de los ministros que participó de la reunión. Su lógica, con tono voluntarista, expresa el pronóstico de varios de sus colegas que en plena incertidumbre vaticinan que de no arribar a un acuerdo sería un verdadero terremoto. Otro aportó su menú para cerrar el entuerto: “La única alternativa que veo es un bono a largo plazo, algo similar al arreglo con Repsol”.

La cumbre de ayer, como en otras ediciones, fue coordinada por la titular de Hacienda bonaerense, Silvina Batakis. De hecho, surgió de la funcionaria de Daniel Scioli la idea de confeccionar un texto que, luego, se hizo circular para que firmaran los ministros ausentes y, hacia la tarde, ya había logrado 20 adhesiones.

Cuestión de soberanía
“El hecho ha trascendido las posturas ideológicas, convirtiéndose en una cuestión de soberanía”, sostiene el comunicado. Incluyó a las comarcas del PJ o de fuerzas aliadas al Gobierno, entre ellas, Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santiago del Estero, Tucumán, Tierra del Fuego y Formosa. Y a opositoras como la Capital, bastión de Pro de Mauricio Macri, y Santa Fe, cuna del socialismo que hoy lidera Antonio Bonfatti.

Los únicos que no estamparon su aval -algunos arguyeron que no llegaron a consultar- fueron Córdoba, comandada por el peronista anti-K José Manuel De la Sota; San Luis, del puntano Claudio Poggi; Corrientes, del radical Ricardo Colombi, y Chaco, de Juan Carlos Bacileff Ivanoff.

En la reunión, que congregó a once emisarios, hubo especial atención a la disertación de Batakis y Néstor Grindetti, ministro de Hacienda porteño. Ambos venían avanzados en el trámite de endeudarse en dólares y los sorprendió el fallo de la justicia estadounidense, cuando esperaban que la tasa descendiera un poco más, al calor del anuncio de un entendimiento por el pasivo con el Club de París.

Además de evaluar el affaire con los buitres, los ministros provinciales repasaron la evolución de la recaudación y se pasó lista sobre cómo viene el pago de aguinaldos, que en algunos distritos -con lo justo- prevén ejecutarlo desacoplado del sueldo. Sobrevoló, en ciertos comentarios, el temor a que vuelva a recrudecer el reclamo de los gremios estatales, en especial en aquellas provincias donde no ataron acuerdos anuales.

Faltó, por fuerza mayor, el ministro mendocino, Marcelo Costa, en una batalla más dura en su territorio: la Corte provincial hizo lugar a una medida cautelar presentada por el radicalismo y bloqueó al gobernador Francisco Pérez la posibilidad de endeudarse por 1290 millones de pesos, como establece una modificación a la ley de contabilidad. En la reunión anterior, menos apremiado que ayer, Costa había oficiado de anfitrión de un cónclave más relajado que terminó con una degustación de vinos made in Mendoza.

El PJ se expide por la deuda
Por primera vez desde la renovación de la cúpula, el Consejo Nacional del PJ se reúne hoy en la sede de Matheu 130. El presidente del sello, Eduardo Fellner, espera timonear un encuentro para el que fueron notificados los 178 miembros del órgano ejecutivo. La cita, que fue convocada para dar dinámica interna al peronismo, también prevé abordar el litigio con los fondos buitre y se aguarda que emitan una opinión.

El atractivo del encuentro estará dado por las asistencias (o no) del amplio universo del PJ: desde los siete presidenciables hasta los gobernadores, La Cámpora, funcionarios de primera línea y figuras del sindicalismo alineado con la Casa Rosada.