Así lo denunció el juez federal de Tucumán, Ricardo San Juan. “El fuerte combate contra estas organizaciones en países de Centroamérica, las ha trasladado a lugares como el nuestro”. Los magistrados piden mayores recursos para luchar contra el flagelo. Ratifican la existencia de pistas clandestinas en Santiago.
Once jueces federales de provincias del NOA y el NEA, emitieron un documento a través del cual solicitaron a la Excelentísima Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura, la provisión de mayores herramientas para llevar adelante una lucha conjunta contra el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando, flagelos que afectan seriamente a la región. Entre los recursos solicitados, figura la creación del Juzgado Federal Nº 2 para la provincia de Santiago del Estero.
Magistrados del fuero federal de las provincias de Tucumán, Catamarca, Salta, Jujuy, Chaco y Santiago del Estero, deliberaron en el hotel Alto Verde de la localidad salteña de San Ramón de la Nueva Orán, con el propósito de analizar estrategias y aunar criterios en la lucha contra estos tres flagelos. A
l respecto, los letrados expresaron la preocupación por el movimiento de toneladas de droga por todo el NEA y el NOA, incluyendo a Santiago del Estero) por parte de bandas transnacionales, tal como lo revelara a EL LIBERAL, el presidente de la Cámara Federal de Salta, Jorge Luis Villada.
Entre las decisiones adoptadas, figura la implementación de una “Campaña por la vida”, que consistirá en la colocación de urnas donde la gente pueda realizar denuncias de estos delitos de manera anónima. El primer punto del manifiesto confeccionado por los magistrados pide “insistir ante la Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura, establezcan de manera definitiva los juzgados federales para las ciudades de Libertador General San Martín y Tartagal; Juzgado Nº 3 para la provincia de Tucumán; el Juzgado Federal Nº 2 para la provincia de Santiago del Estero”.
Resaltaron que la reunión se hizo “con el objetivo principal de llevar adelante políticas judiciales tendientes a promover la asistencia y/o sanción punitiva, según sea el caso, de acciones aisladas o actividades organizadas que generen o consoliden situaciones de riesgo actual o potencial para los individuos de estas regiones y del país todo como resultado del consumo, transporte y/o venta de estupefacientes, trata de personas, contrabando y lavado de dinero”.



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