El Gobierno resolvió dar cumplimiento al fallo de la Corte, a través del DNU 2635/2015 por el cual en su artículo 1° ordena que “En virtud de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dispónese el cese a la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables pactada en la cláusula primera del ‘Acuerdo entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales’ del 12 de agosto de 1992 ratificado por la Ley N° 24.130 a la totalidad de las jurisdicciones, en la proporción que les corresponda de acuerdo a la distribución y a los índices fijados en la Ley N° 23.548”.
En ese marco, dispone que “la Administración Federal de Ingresos Públicos deberá cesar la retención de la cuenta recaudadora del impuesto de la Ley N° 23.349 a la totalidad de las jurisdicciones, del porcentual resultante de la aplicación del Decreto N° 1399/01 que a cada una de ellas le asigna la Ley N°23.548”.
También ordena “al Tesoro Nacional, con cargo a Rentas Generales, cubrir una suma equivalente a las sumas que se dejen de detraer por la medida dispuesta en el Artículo 1°, las que seguirán siendo tenidas en cuenta como referencia a los fines de la movilidad dispuesta por la Ley N° 26.417”.
Esta medida implica que en Diciembre, el conjunto de provincias percibirá $6.651 millones adicionales a lo previsto, lo que contribuirá a alivianar en algunas jurisdicciones, las necesidades financieras para afrontar el pago de salarios y aguinaldo.
En tanto que para el 2016, la cifra se eleva a $94.057 millones para la Administración Nacional, que son los recursos que deberá resignar a favor de las provincias.
Asimismo, de acuerdo a lo resuelto en el Artículo 3º del Decreto, deberá sustituir con Rentas Generales los recursos desafectados a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), que ascienden a $131.575 millones de acuerdo a nuestra estimación.
Este monto resulta inferior al flujo incremental que recibiría el Tesoro Nacional (+$64.412 millones), de modo que deberá reasignar recursos por más de $67.000 millones para evitar el desfinanciamiento del sistema previsional.
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