A pesar de la creciente movilización social contra las violencias machistas, las respuestas del Estado son insuficientes y las cifras de femicidios no bajan: en lo que va del año, se registraron 254 femicidios (entre ellos, 12 vinculados de niñas y mujeres y 19, vinculados de hombres y niños) y cuatro travesticidios, de acuerdo con el relevamiento de la organización MuMaLá. Es decir, se mantiene la escalofriante frecuencia: en la Argentina, cada 30 horas una mujer es asesinada por ser mujer.
En el 64 por ciento de los casos, el femicida fue la pareja (44 por ciento) o ex pareja (20 por ciento) de la víctima.
El mayor riesgo para ellas está en el propio hogar más que en la calle. Solo en un 5 por ciento se trató de un desconocido; en un 11 por ciento el autor o principal imputado fue otro familiar, y en un 13 por ciento alguien conocido, de su entorno.
“Como decimos desde NiUnaMenos, las violencias machistas se refuerzan por la falta de autonomía económica de las mujeres, porque es lo que no permite abandonar un hogar violento, decir basta a una relación de pareja que no se soporta más, y porque es la dependencia económica lo que sostiene el encierro en hogares que se vuelven un infierno”, advirtió la investigadora del Conicet, docente de la Unsam e integrante del Colectivo NiUnaMenos, Verónica Gago. Y agregó: “A pesar de las políticas de maquillaje y de marketing con que este gobierno quiere hacer su propio ‘pink washing’, es directamente responsable del incremento de la violencia contra las mujeres”.
“Sigue sin garantizarse el acceso a la Justicia a las mujeres que decidieron denunciar y pedir ayuda: el 18 por ciento de las víctimas de femicidio había realizado denuncias previas, de las cuales el 12 por ciento tenía medidas de protección dictadas en tribunales, lo que indica que todos esos femicidios podrían haberse evitado”, cuestionó Raquel Vivanco, coordinadora nacional de Mujeres de la Matria Latinoamericana. “Denunciamos la falta de políticas públicas que garanticen la protección de las mujeres y brinden asistencia integral”, agregó Vivanco, en diálogo con Página/12 y señaló que la ausencia de patrocinio jurídico gratuito y especializado “sigue siendo una de las principales falencias con las que las mujeres tienen que lidiar en la mayoría de las provincias del país”. Los casos del Registro Nacional de Femicidios de MuMaLá fueron relevados a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país entre el 1 de enero y el 17 de noviembre de 2017.
Vivanco advirtió que durante 2017 el presupuesto asignado al Instituto Nacional de las Mujeres (ex Consejo Nacional de las Mujeres) representó tan solo 8,50 pesos por mujer. Y objetó que desde el Gobierno no se han llevado adelante campañas de sensibilización y prevención de alcance nacional para combatir la violencia hacia las mujeres, tal como lo explicita la ley 26.485 de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres vigente desde el año 2009. “De igual manera nos preocupa la falta de aplicación de la ley 26.150 de Educación Sexual Integral cuyos contenidos son determinantes para la prevención de la violencia en el noviazgo y los embarazos adolescentes. Denunciamos la falta de prioridad política asumida por el Gobierno Nacional y los provinciales que siguen sin asignar presupuesto para erradicar el flagelo de la violencia machista”, afirmó.
