Un grupo de once personas que representan a la Asamblea Jáchal No Se Toca partieron ayer en bicicleta desde la ciudad sanjuanina de Jáchal en un viaje de nueve días hasta la ciudad de Buenos Aires, en defensa de la Ley Nacional de Protección de los Glaciares.

Los activistas recorrerán 1.400 kilómetros y pasarán por diez ciudades en San Juan, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, con el objetivo de recoger firmas para impedir la «alteración de la única norma que protege las enormes paredes de hielo en la Patagonia Argentina, y para pedir su efectiva implementación», según explicaron desde la organización ecologista.

Con el lema «La Ley de Glaciares No Se Toca», la bicicletada tuvo como punto de partida la ciudad de Jáchal, que en los últimos años se vio implicada en los derrames de cianuro de la mina de Veladero, operada por la empresa transnacional Barrick.

Los activistas harán trechos de 150 a 200 km, pasando por ciudades como Serrezuela, Cosquín, Córdoba, Bell Ville, Rosario, San Nicolás y San Andrés de Giles, además de la capital federal. El tamaño del recorrido equivale a la misma distancia que el agua de los glaciares de los Andes atraviesa hasta llegar al Océano Atlántico.

«Nos parece una vergüenza que tengamos que hacer una bicicleteada para hacer cumplir la implementación de una ley que está vigente desde 2010, pero es nuestra única oportunidad de defender los glaciares, lugares sagrados de donde nos llega el bien más precioso: el agua», afirmó Saul Zeballos, representante de la Asamblea Jáchal No Se Toca. Según él, hasta hoy no fue realizado por el gobierno argentino el inventario de los glaciares que están bajo protección, dejando de fuera cuerpos menores de 1 hectárea. De esta forma, la ley no es respetada en toda su plenitud.

En noviembre pasado, el presidente Mauricio Macri, en una reunión con representantes de la Cámara Argentina de Empresarios de la Minería, se comprometió a reformar la ley, flexibilizándola para permitir el desarrollo de actividades mineras en áreas donde hoy están prohibidas. «No vamos a permitir eso, los glaciares constituyen una reserva vital y fuente de agua dulce, un bien común al que todos tenemos un derecho. Además de atender a los más poderosos, ellos tienen que escuchar a las poblaciones que son las más afectadas por esas medidas. Pedimos una audiencia con el presidente tan pronto como llegamos a la Casa Rosada, pero todavía estamos esperando la confirmación», agregó Zeballos.

La Ley de Glaciares fue aprobada en 2010 y constituye un marco fundamental en la protección de los recursos hídricos del país y en la defensa del ecosistema de la cordillera de los Andes, uno de los principales objetivos de asociaciones y grupos ecologistas en su lucha contra los proyectos mineros a gran escala.

Según el abogado de la Asamblea, Enrique Viale, uno de los puntos clave de la ley es el artículo 2, que delimita el ambiente periglacial, protegiendo esas zonas, fundamentales en el ciclo de producción de agua dulce, de la operación de operaciones mineras. «El cumplimiento de esta ley impidió el establecimiento de emprendimientos de mega minería y el uso indiscriminado de los recursos hídricos, que retiraba millones de litros de agua al día para realizar las actividades extractivas. A escala nacional, se puede estimar que la ley protege sólo cerca del 1% del territorio argentino», señaló Viale.

El abogado afirmó aún que, desde su aprobación, la ley fue constantemente dificultada, impidiendo su aplicación completa y efectiva, lo que permitió la ocurrencia de al menos tres derrames de cianuro de la mina de Veladero, que contaminaron cinco ríos en la región. «La demanda por la flexibilización de la ley tiene como telón de fondo los más de 40 proyectos de minería a gran escala, que generará impactos ambientales serios e irreversibles a nuestras cuencas hidrográficas, trayendo daños irreparables a la vida de las personas.»

El próximo día martes 27 de febrero, a las 18:00hs, los ciclistas serán recibidos por músicos, artistas y activistas de todo tipo, además de miembros de organizaciones sociales y políticas involucradas en la defensa del medio ambiente y de los recursos naturales argentinos.