Ana, una de las estudiantes espiadas, relató cómo descubrió los dispositivos ocultos en la ventilación de su dormitorio. Desmintió la versión oficial sobre la celeridad judicial y reveló que el dueño del complejo vivía allí con su familia.
El escándalo de los departamentos con cámaras ocultas en La Rioja sumó un testimonio clave que pone en jaque el accionar de las fuerzas de seguridad y la Justicia provincial. Ana, una de las jóvenes inquilinas damnificadas, rompió el silencio para contar el calvario que vivió al descubrir que era filmada en su propia cama y denunció graves irregularidades en la respuesta del Estado: desde policías que se negaron a registrar la denuncia en el momento hasta demoras de cinco días en los allanamientos.
El hallazgo en la madrugada
Todo comenzó un miércoles a las 2:30 de la madrugada. Ana intentaba dormir después de estudiar cuando un ruido la alertó. «Escuchaba mosquitos en la habitación, entonces prendo el flash del celular, el cual hace reflejo con el lente de la cámara que se encontraba oculta en la ventilación, arriba de mi cama», relató la joven en una entrevista con Medios Rioja.
Al confirmar sus sospechas a la mañana siguiente con ayuda de una amiga, lograron extraer el dispositivo: una cámara inalámbrica con tarjeta de memoria. Inmediatamente alertaron a las otras inquilinas del complejo, donde encontraron más equipos y cableados en otros departamentos.
Desprotección y burocracia policial
El relato de la víctima contradice la versión de «inmediatez» que intentan instalar las autoridades. Según Ana, tras el hallazgo llamaron a la policía, que arribó al lugar a las 11:30 de la mañana. Sin embargo, la respuesta no fue la esperada.
«Nos tomó los datos, sin embargo no la denuncia. Nos dijo que teníamos que esperar hasta las 6 de la tarde para ir a la parte de violencia de género», aseguró Ana. La justificación de los agentes fue que el hecho «no era algo penal» y no correspondía a su jurisdicción. «Solo uno fue, vio las cámaras, dónde estaban y no nos tomó la denuncia», agregó con indignación.
Ante la falta de custodia, las estudiantes tuvieron que autoevacuarse por sus propios medios, temiendo por su integridad física ya que el acusado se encontraba en el predio. «La policía no nos brindó ningún tipo de protección. Nosotras desalojamos inmediatamente el lugar por protección nuestra», sentenció.
La desmentida a la Justicia
La estudiante también apuntó contra los plazos de la investigación, cruzando las declaraciones de la jueza Flamini, quien había asegurado que se actuó con rapidez. «La jueza dijo que se realizó el allanamiento inmediatamente y el allanamiento se realizó 5 días después», reveló Ana.
La demora permitió, según la víctima, un tiempo valioso para que el acusado pudiera descartar evidencia, a pesar de que ellas mismas entregaron «aproximadamente 8.000 videos» como prueba inicial. Además, la medida perimetral de protección recién le fue otorgada ayer, casi dos semanas después del hecho.
El perfil del acusado
Ana confirmó que el dueño de los alquileres vivía en el mismo complejo junto a su esposa e hija, desmintiendo que fuera una persona que iba «de vez en cuando». «Lo veíamos todos los días a cualquier hora», afirmó.
El modus operandi incluía el abuso de confianza: el propietario tenía copias de las llaves de los seis departamentos y solía ingresar con la excusa de realizar reparaciones cuando las chicas no estaban. «Asumo que era para hacer este tipo de cosas», lamentó la víctima.
A pesar del miedo y la impotencia de ver a su agresor en libertad, Ana decidió quedarse en la provincia para terminar sus estudios, aunque confesó la secuela psicológica que le dejó el episodio: «Intentamos dormir y no podemos, porque está nuestra cabeza todo el tiempo pensando en qué fue de los videos».
