El Gobierno sanjuanino salió al cruce de los reclamos de Ricardo Quintela sobre la soberanía de los yacimientos Josemaría y Filo del Sol. Advierten que no permitirán «interferencias externas» ni bloqueos a la licencia ambiental.
La tensión política por el control de los recursos mineros en la cordillera escaló a un nuevo nivel. El Gobierno de San Juan respondió con dureza a la embestida del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, rechazando de plano su intención de judicializar los límites interprovinciales para reclamar parte del megaproyecto de cobre Vicuña.
El mensaje desde la provincia vecina fue contundente y busca marcar la cancha ante lo que consideran un avance sobre su autonomía: «Cada provincia gobierna su territorio y sus recursos sin interferencias externas».
La frase pertenece al ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, quien fue el encargado de articular la defensa institucional luego de que Quintela, en una entrevista televisiva, calificara como «ilegal e ilegítimo» el histórico convenio de límites firmado entre los exgobernadores Carlos Enrique Gómez Centurión y Guillermo Iribarren. El mandatario riojano había asegurado que «la mina más importante que tiene el país es Josemaría, que otrora fue riojana», y prometió abrir un frente judicial para discutir esa pertenencia.
La defensa técnica y constitucional
Según consignó el programa «La Picada», la respuesta sanjuanina no se limitó a la retórica política, sino que se fundamentó en datos técnicos. Desde la cartera minera remarcaron que el proyecto Vicuña —que integra a los yacimientos Josemaría y Filo del Sol en el departamento Iglesia— se encuentra «íntegramente dentro del territorio provincial».
Para San Juan, la discusión está saldada mediante «mensuras, coordenadas georreferenciadas y antecedentes dominiales» que ratifican su jurisdicción. Bajo este argumento, Perea enfatizó que la evaluación ambiental, la autorización y el control del emprendimiento corresponden de manera «exclusiva» a su provincia, amparándose en la Constitución Nacional y el Código de Minería.
Alerta por la seguridad jurídica
El rechazo sanjuanino también apuntó contra la estrategia riojana de intentar frenar el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental alegando posibles efectos indirectos. El funcionario advirtió que la eventual existencia de impactos extra-jurisdiccionales «no traslada competencias ni habilita a otra provincia a ejercer poder de policía ambiental fuera de su territorio».
En este sentido, San Juan alertó sobre el riesgo institucional de validar la postura de Quintela. Aseguran que sentaría un «precedente peligroso» para el federalismo, permitiendo que una jurisdicción bloquee el desarrollo productivo de otra y afectando la seguridad jurídica necesaria para inversiones de esta magnitud.
«No existe en el derecho argentino la figura de una jurisdicción ambiental expansiva», sentenciaron desde el gobierno sanjuanino, cerrando la puerta —por ahora— a cualquier negociación sobre la soberanía del cobre.
