El diputado Diego Molina Gomez exigió explicaciones al gobierno de Quintela por el manejo de los fondos de APOS; cuestionó contratos atados al precio del gasoil, sistemas informáticos fallidos y advirtió que en 2027 solicitarán prohibir la salida del país a los responsables del «desfalco».
La oposición riojana abrió un nuevo frente de conflicto contra la administración del gobernador Ricardo Quintela, esta vez con la mira puesta en la caja de la Administración Provincial de Obra Social (APOS). El diputado provincial por La Libertad Avanza, Diego Molina Gomez, presentó un pedido de informes en la Legislatura para exigir detalles sobre el destino de los fondos del organismo, denunciando un esquema de gastos suntuarios y contratos irregulares en medio de la crisis de prestaciones.
Con un discurso endurecido, el legislador libertario contrastó la realidad de los beneficiarios con el manejo financiero de la conducción de la entidad. «Mientras los afiliados padecen faltantes, demoras y prestaciones recortadas, la titular del organismo organiza fiestas de fin de año con costos millonarios, exhibiendo una impunidad obscena», disparó Molina Gomez.
La danza de los millones: gasoil y sistemas fallidos
El proyecto de resolución ingresado por la banca libertaria detalla una serie de presuntas irregularidades administrativas que requieren aclaración inmediata por parte del Poder Ejecutivo. Entre los puntos más controvertidos, Molina Gomez señaló la existencia de «contratos indexados al precio del gasoil premium» y «pagos millonarios por sistemas informáticos que no funcionan».
El diputado puso cifras concretas sobre la mesa al cuestionar la estructura de costos de la obra social. Según su denuncia, APOS desembolsa «$33 millones por mantenimiento trimestral» y otros «$146 millones mensuales en convenios sin justificación técnica clara».
Además, la presentación exige que se transparenten las «licitaciones abandonadas», los pagos realizados bajo la figura de «excepción» y las compras directas de prótesis y medicamentos que, según el legislador, se ejecutan «sin control legal».
Advertencia judicial para 2027
En el plano político, Molina Gomez vinculó la gestión actual de APOS con el historial administrativo del gobernador. «Quintela ya la ‘salvó’ en la Municipalidad con los PIL (Programas de Inserción Laboral). Ahora la pregunta es si habrá otro Chapulín Colorado dispuesto a cubrir el desfalco de APOS», ironizó.
Sin embargo, el mensaje más fuerte apuntó al futuro escenario electoral y judicial. El referente de Javier Milei en la provincia lanzó una advertencia directa a la funcionaria a cargo: «Cuando en 2027 La Libertad Avanza llegue a la obra social, se terminará la impunidad y se pedirá la detención inmediata de su titular y la prohibición de salir del país».
