Andrea Cruz, titular del SACRA, reveló una caída abrupta de 2000 afiliadas por la crisis económica y el recorte de gastos en los hogares de clase media; “Si no hay obra social, es imposible afrontar los tratamientos”, alertó sobre el riesgo de colapso sanitario.
El cierre de año deja un diagnóstico sombrío para uno de los eslabones más vulnerables de la cadena laboral. Andrea Cruz, secretaria general de Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina (SACRA) y titular de la obra social OSSACRA en la provincia, encendió las alarmas sobre el impacto de la recesión en el empleo doméstico y lanzó una dura advertencia política: “Si se aprueba la reforma laboral, la situación puede agravarse aún más”.
El balance del 2025 trazado por la dirigente gremial expone las heridas de una economía que golpea el bolsillo de la clase media, empleadora natural del sector. Según Cruz, se trató de “un año complicado”, donde las paritarias lograron recomponer parte del salario, pero no pudieron frenar la sangría de puestos de trabajo. El fenómeno se agudizó en el último trimestre: ante la pérdida de poder adquisitivo, muchas familias riojanas decidieron “prescindir temporalmente del servicio doméstico para abaratar gastos” o adelantar vacaciones, dejando a las trabajadoras en una situación de extrema fragilidad de cara a enero, un mes que históricamente es crítico.
El dato que preocupa: 2000 afiliadas menos
La crisis tiene números concretos. Cruz reveló un dato que impacta de lleno en la estructura social de la provincia: la pérdida de alrededor de 2.000 afiliadas a OSSACRA en los últimos meses. Este desplome no es solo una estadística administrativa, sino el reflejo del crecimiento de la informalidad y la imposibilidad de sostener los aportes.
En este contexto, la posible aprobación de una reforma laboral a nivel nacional es vista desde el gremio no como una solución, sino como una amenaza directa a la subsistencia del empleo registrado. Cruz advirtió que la flexibilización de las normas podría terminar de desmantelar el sistema de protección social de las trabajadoras de casas particulares.
La salud, en jaque
El aspecto más dramático del informe presentado por Cruz se vincula al acceso a la salud. La caída en la registración implica la pérdida automática de la cobertura médica, empujando a miles de personas al sistema público provincial, que ya se encuentra tensionado.
“La sociedad necesita estar dentro de un régimen de salud, porque si no es imposible afrontar los tratamientos”, sentenció la dirigente, poniendo el foco en los casos de discapacidad o enfermedades crónicas, donde los costos de medicamentos y terapias son inalcanzables sin cobertura. Para el sindicato, el riesgo es un colapso silencioso donde las familias trabajadoras quedan a la intemperie sanitaria.
Resistencia y proyección para 2026
Pese al escenario adverso, Cruz confirmó que la entidad mantendrá su actividad institucional durante el verano, con una estrategia de “resistencia y crecimiento”. “El objetivo es seguir creciendo, innovar en prestaciones y mantener la presencia territorial”, aseguró, ratificando que la lucha por los derechos de las mujeres trabajadoras continuará siendo el eje de la gestión.
Sobre el final, la titular del SACRA dejó un mensaje que mezcla la cautela con la necesidad de acción política: llamó a la “organización y conciencia” para defender el trabajo registrado. Para el gremio, el 2026 será un año bisagra donde se jugará la continuidad de derechos históricos, y la postura es clara: evitar a toda costa que las trabajadoras sigan siendo la variable de ajuste.
