En las últimas semanas, la Presidenta Cristina Kirchner ha insistido en que “este gobierno no ha aumentado un impuesto”. Una verdad a medias, al menos. Es que la falta de actualización del mínimo no imponible de Ganancias o de Bienes Personales, entre otros, provoca un aumento importante en el impacto real de los gravámenes.
La presión impositiva ya es record. Pero el Estado va por más. Mientras la Nación no modifica mínimos no imponibles, lo que con la inflación equivale a subas, provincias e intendencias siguen buscando nuevas fórmulas para sacar dinero a los contribuyentes. ¿De dónde saldrá todo ese dinero? Está claro: del bolsillo de los consumidores.
En las últimas semanas, la Presidenta Cristina Kirchner ha insistido en que “este gobierno no ha aumentado un impuesto”. Una verdad a medias, al menos. Es que la falta de actualización del mínimo no imponible de Ganancias o de Bienes Personales, entre otros, provoca un aumento importante en el impacto real de los gravámenes. Pero hay más. Gobernadores e intendentes denuncian recortes en las transferencias desde la Nación (sobre los críticos), y entonces buscan “ajustar hacia abajo”.
Esto es: subir las tasas de los impuestos ya existentes o crear nuevos. Y aquí la creatividad está al orden del día. Una empresa industrial se queja, por caso, de que en Misiones le cobran una tasa de Seguridad e Higiene calculada sobre el total de su facturación nacional, incluyendo la exportación de soja cosechada en Buenos Aires o Santa Fe.
Ya a fines de 2012, el IARAF, un instituto cordobés de análisis económico, calculó que la presión impositiva en el país había alcanzado el record de 37% del PBI. “Pero aquí, en lugar de copiar lo mejor, se copia lo peor, y los nuevos impuestos se están expandiendo ”, dice Nadín Argañaraz, economista de esa institución.
Veamos algunos casos que están en estos días en la agenda de la preocupación empresaria. Las mineras están desvelada por el proyecto del Impuesto al Derecho Real de propiedad inmobiliaria minera, que se votará la semana que viene en Santa Cruz. El mismo será calculado sobre el valor de las reservas de cada compañía en la provincia. Una de las mineras alcanzadas asegura que le costará US$ 150 millones al año. El rojo fiscal y la pelea con la Nación, que le cortó los fondos, enciende la imaginación del gobernador Daniel Peralta. Las empresas se preguntan cuánto tardarán los restantes distritos en imitar la iniciativa.
Este caso podemos decir que el impuesto saldrá del bolsillo de la minera, que tal vez no impacte en forma directa al consumidor. Veamos otro.
Días atrás, el titular de la COPAL, la cámara que nuclea a los fabricantes de alimentos inició la peregrinación a Tigre que hoy está de moda entre los empresarios, que van hacia allí tratando de adivinar si Sergio Massa jugará o no en las elecciones de octubre. Pero a Daniel Funes de Rioja lo movilizaba otro interés, el de los impuestos.
Semanas atrás la COPAL había emitido un comunicado criticando el impuesto a la publicidad, que grava la cartelería instalada en los locales de 137 municipios. Ese mismo gravamen se extendió y ya se cobra en la Capital Federal, por caso. Pero en esta ocasión la preocupación del abogado era otra: la tasa a los envases. “La diseñamos con Martín Redrado”, dice el intendente Massa a quien le pregunta sobre el tema. “ Estoy harto de pagar cientos de millones de pesos en limpiar ríos y terrenos de botellas de plástico; si quieren les abro las bolsas de residuos delante de las cámaras de TV y vemos quién genera basura aquí, y quién tiene entonces que pagar por procesarla”. La alícuota aún está por fijarse. “Pero se cargará en el precio final del aceite, las gaseosas, latas, o cualquier producto que tenga envase ”, respondieron en una de las mayores alimenticias del país, una que tiene buen diálogo con Massa y que dice que “el problema es cómo esto se extenderá luego a todo el país ”.
