Afirman que el Estado se queda con el 56,9% de la renta agrícola

El Estado se queda con el 56,9% de la renta agrícola argentina, según el índice correspondiente a junio último de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA).

Los $56,9 que recauda el Estado cada $100 de renta del campo son retenidos por los gobiernos, ya sea municipal, provincial o nacional, sostiene el estudio.

Este informe mide cuánto de la renta agrícola queda en manos del Estado, entendiendo la renta como el resultado del valor de la producción a precios FOB, menos los costos de producción, comercialización y administración.

Esta renta se divide entre el costo de la tierra, el resultado de producción y los impuestos.

Mientras que el promedio ponderado de cultivos a nivel nacional es de 56,9%, la participación del Estado en soja es del 65,3%, en maíz 46,4%, en trigo 50,1% y en girasol 70,1%.

David Miazzo, economista jefe de FADA, explicó: “Las diferencias entre cada cultivo son por los impuestos, como el caso de soja que tiene 18% más de derechos de exportación que el resto, y por la renta que genera cada cultivo, a menor rentabilidad mayor participación relativa de los impuestos”.

Los impuestos que conforman ese 56,9% son de diversa índole: 38,7% son coparticipables entre el Estado nacional y el provincial, 55,7% son nacionales no coparticipables, 4,8% son provinciales y 0,9%, municipales.

La alta participación de los impuestos nacionales no coparticipables está dada por los derechos de exportación, que explican el 53% de todos los impuestos que recaen sobre una hectárea agrícola.

Por su lado, los impuestos nacionales coparticipables son el impuesto a las ganancias y el IVA, distribuidos entre las provincias, la ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional de acuerdo a lo que establece la coparticipación.

Los impuestos provinciales son mayormente el impuesto inmobiliario rural y el impuesto a los ingresos brutos; en el caso de los municipales, el componente central son las tasas viales que deberían utilizarse para mantener o arreglar los caminos rurales.

Según Miazzo, “la cuestión impositiva, sobre la que trata este informe, es central para pensar la competitividad del país, y sobre todo de las pymes”.

“Por ejemplo, es clave en relación al reciente acuerdo Mercosur-UE, el cual amplía los mercados de Argentina, y sobre todo da acceso preferencial a un mercado de alto poder adquisitivo”, dijo.

Pero destacó que “para poder aprovechar las oportunidades que este acuerdo genera, tenemos que enfrentar los desafíos internos.

El principal, es la competitividad, para poder competir con otras pymes y productores europeos y poder venderles en su propio territorio”.

“Y los impuestos son parte central de la competitividad, el desafío es lograr bajarlos para poder exportar más, producir más y sobre todo, generar más empleo. En las cadenas agroalimentarias se debe poner aún más el énfasis, porque el campo está muy subsidiado en Europa”, acotó Miazzo.