Apenas un par de horas antes de que el Indec confirme el desplome que la actividad sufrió en el mes de mayo, el equipo de research del BBVA ya anticipaba los efectos que esta caída tendrá en los próximos meses, con una caída en el empleo, menos consumo privado y un alza en la inflación que, según advierten, podría repercutir sobre la conflictividad social.
Desde el punto de vista fiscal los economistas del banco consideran que la meta de déficit se podrá cumplir con holgura, pero destacan que a los ajustes ya aplicados el Gobierno debería agregarle un mayor recorte en los salarios públicos y una reducción en las transferencias discrecionales a provincias, para lo que augura una dura negociación con los gobernadores.
«Se ha logrado evitar un ajuste desordenado en el nivel de actividad, pero en los próximos meses, se verá un deterioro en la economía y el empleo, junto con una aceleración de la inflación que podría repercutir sobre la conflictividad social», destaca el informe que la economista jefe del banco, Gloria Sorensen presentó ayer junto a su equipo en el piso 21 de la Torre BBVA Francés.
Según el informe, el mayor impacto de la crisis se refleja en el consumo privado por la caída en los ingresos reales y el consumo público, producto del ajuste fiscal. «Luego de retroceder en 2017, el desempleo probablemente aumente en 2018 como consecuencia de la caída de actividad si no cae la tasa de participación laboral», destaca.
Considerando la caída del déficit primario de 47% interanual en mayo, el informe asegura que es probable que la meta corregida del 2,7% del Producto Interno Bruto ( PIB) se pueda cumplir, inclusive con cierta holgura, lo cual mejora la factibilidad de alcanzar el objetivo de déficit primario de 1,3% del PIB pactado para 2019. De todos modos advierte que esto requerirá «no sólo continuar con la baja prevista de subsidios a la energía y transporte, así como el recorte de la obra pública anunciado, sino una mayor reducción de gastos salariales y de transferencias discrecionales a provincias, que deberá ser negociada con los gobernadores para la aprobación del presupuesto 2019 en el Congreso».
En ese sentido, agrega que en el mediano plazo, el mayor riesgo para la economía es que la atención de las urgencias coyunturales, junto con el costo político de reequilibrar la economía hacia un mayor ahorro, «lleve al Gobierno no solo a pausar las reformas estructurales (como la laboral) sino a dar marcha atrás con los pactos fiscales ya alcanzados, poniendo en peligro la reducción de impuestos distorsivos».
Así, estiman que la economía sufrirá una contracción del 2,1% en el segundo trimestre y de 0,8% en el tercer trimestre, que se sumará al fuerte impacto que la sequía provocó en los últimos meses. Sin embargo, explicado en gran parte por el desempeño muy positivo del primer trimestre, consideran que la economía terminará el año con un crecimiento del 0,5%. «Las buenas perspectivas para el sector transable post-devaluación, en particular para el sector agrícola, impulsarán la recuperación de la economía en el cuarto trimestre, que creemos se consolidará en 2019 ante la mejora de la confianza y el salario real, para alcanzar un crecimiento medio de 1,5%», sostiene el informe.
