La letra chica del proyecto laboral que debate el Senado encendió las alarmas en la Casa de las Tejas. La reducción de alícuotas en Ganancias para sociedades implica un recorte automático de fondos federales. Mientras el Gobierno busca seducir al «Círculo Rojo», las provincias pagan la factura del alivio fiscal.
Detrás de la discusión ideológica sobre las indemnizaciones y el período de prueba, la reforma laboral que el Gobierno nacional envió al Senado esconde una trampa fiscal para los gobernadores. El proyecto incluye un capítulo impositivo que pasó casi inadvertido para la opinión pública pero que los ministros de Economía provinciales leyeron con lupa y preocupación: una baja en el Impuesto a las Ganancias para sociedades que impacta de lleno en la masa coparticipable.
Para La Rioja, la cuenta resulta salada. Según las proyecciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) y datos que circulan en la Comisión de Presupuesto, la provincia resignará $22.493 millones por este cambio normativo. En un contexto de asfixia financiera, sin ATN y con la recaudación propia golpeada por la recesión, la administración de Ricardo Quintela enfrenta un nuevo recorte que no decidió, pero que debe absorber.
La transferencia de recursos: del Tesoro riojano a la élite corporativa
La lógica de la medida obedece a la teoría del derrame: bajar impuestos para estimular la inversión. El texto propone reducir las alícuotas de los tramos más altos del 35% al 31,5% y del 30% al 27%. Sin embargo, el análisis del costo-beneficio expone una transferencia de ingresos regresiva en términos federales.
El diputado nacional y ex titular de Aduanas, Guillermo Michel, puso números a esta dinámica. Advirtió que el beneficio se concentra en un grupo minúsculo: solo 144 grandes sociedades —el 0,1% de las empresas del país— explican el 56% de la recaudación de este tributo.
El esquema funciona como un vaso comunicante inverso: La Rioja cede $22.500 millones de sus recursos automáticos (dinero que se usa para sueldos, salud y seguridad) para mejorar la rentabilidad de menos de 150 compañías concentradas mayoritariamente en el AMBA y la zona núcleo.
Un agujero en el Norte Grande
El impacto golpea con fuerza a toda la región, pero la situación de La Rioja adquiere una gravedad particular por su alta dependencia de los giros nacionales. Sus vecinos también sufren la poda: Catamarca perderá unos $29.900 millones, San Juan $36.700 millones y Salta más de $41.000 millones.
La provincia de Buenos Aires, por su volumen, asume el mayor recorte nominal ($238.000 millones), pero para las economías del Norte, cada peso cuenta doble. La pérdida de estos fondos llega en el momento exacto en que la Nación pisa los envíos discrecionales y exige a las provincias que se hagan cargo de la obra pública.
La tensión política
Este «alivio impositivo con plata ajena» tensó la relación entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales. Los gobernadores interpretaron la jugada como un disciplinamiento fiscal encubierto. Mientras Javier Milei promete bajar impuestos, la ejecución de esa promesa se financia desfinanciando a las jurisdicciones subnacionales.
Para Quintela, estos $22.500 millones menos representan un desafío de gestión inmediato. Obligan a recalibrar el Presupuesto 2026 antes de que empiece a ejecutarse y suman presión sobre la necesidad de mantener herramientas de emergencia financiera. La reforma laboral, vendida como la llave para la modernización, llegó con un costo asociado que La Rioja deberá pagar al contado.
