El secretario general del gremio, Roberto Carrizo, propuso garantizar por ley una jornada de 6 horas diarias y 30 semanales en todos los hospitales de la provincia. Denunció una pérdida del 50% en el poder adquisitivo frente a la inflación y una brecha abismal con el sector privado: «Un enfermero público tiene un básico de 350.000 pesos, contra el millón de la actividad privada».
El sindicato SER Salud pateó el tablero de la discusión sectorial y presentó una propuesta superadora ante la recurrente respuesta del Gobierno provincial sobre la falta de fondos para otorgar mejoras en los haberes. El gremio reclama formalmente equiparar las condiciones laborales de todos los efectores públicos y reducir la carga horaria a un máximo de 6 horas diarias, tanto para los días hábiles como para las coberturas de guardias los fines de semana.
«Este tema de las horas lo venimos discutiendo hace bastante tiempo. Siempre hemos sostenido que en salud debemos tener jornadas de no más de 6 horas de trabajo diarias y 30 horas semanales. Si la respuesta del Gobierno es directamente que no hay plata para actualizar los salarios, entonces trabajemos menos horas y reduzcamos la jornada laboral. Estamos empantanados», sentenció Roberto Carrizo, secretario general de SER Salud.
El dirigente explicó que existe una fuerte desigualdad geográfica en el sistema sanitario riojano debido a que los nosocomios del interior —como los de Aimogasta, Villa Unión y Chamical— sostienen regímenes obligatorios de 8 horas: «En su momento, el Gobierno nos planteó que la jornada de 8 horas era para equiparar los sueldos con el sector privado, y al principio funcionó. Pero pasó el tiempo y jamás actualizaron los salarios públicos. Hoy una enfermera del sector privado tiene un sueldo básico de entre 1.200.000 y 1.300.000 pesos, mientras que en el sector público el básico no supera los 350.000 pesos. Es una diferencia abismal».
Pérdida del 50% del poder de compra y falta de paritarias
Carrizo trazó un duro diagnóstico sobre el impacto de la inflación en los trabajadores del sistema público de salud, estimando un desfasaje del 50% en la capacidad de compra de los salarios. Asimismo, fustigó la falta de institucionalidad legal para negociar las remuneraciones en la provincia.
«Tenemos una gran deuda que arrastran todos los gobiernos desde el regreso de la democracia: La Rioja es una de las pocas provincias del país que no tiene paritarias en el sector de la salud ni cuenta con un Convenio Colectivo de Trabajo. Las últimas actualizaciones se anunciaron pomposamente por las redes sociales, sin discusión con los sindicatos. El Poder Ejecutivo decide los sueldos de manera unilateral de acuerdo al humor de turno. Si hay 50.000 o 100.000 pesos disponibles, sentémonos en una mesa a discutirlo y consensuarlo, pero no lo impongan».
El titular de SER Salud detalló que la crisis salarial arrastra distorsiones internas complejas, con sueldos de bolsillo que promedian los 800.000 pesos para el personal profesional y caen a los 600.000 pesos en las áreas administrativas y de servicios generales. «Todo el mundo está tomando deuda todos los meses para cubrir más deuda; ya no se sabe cómo estirar el salario para llegar a fin de mes», graficó.
El drama de las jubilaciones mínimas y la presión por las matrículas
Finalmente, el referente gremial advirtió que el congelamiento de la planta y la caída de los haberes generaron un doble embudo que paraliza la renovación del recurso humano en los hospitales de la provincia.
«Hace dos años que no tenemos pases a planta en el sector salud y tenemos una enorme cantidad de compañeros precarizados sosteniendo los servicios esenciales. En el otro extremo, tenemos trabajadores en condiciones de jubilarse que no se van del sistema porque pasan automáticamente a cobrar la mínima de ANSES. No se pueden ir y los jóvenes precarizados no pueden ingresar porque no están los recursos públicos para darles el alta», denunció.
A este panorama, Carrizo sumó el descontento por las intimaciones de pago a los profesionales: «Llegó en el peor momento la exigencia de abonar los derechos de matrícula. No decimos que no corresponda pagar, pero cobrar deudas acumuladas de 400.000 o 500.000 pesos a la gente del interior, obligándolos a sacar préstamos desesperados para no perder adicionales, es no tener lectura de la realidad», concluyó.
