El Colegio de Kinesiólogos presentó denuncia penal contra una persona que ofrece tratamientos kinesiológicos sin título ni matrícula profesional, y la Fiscal recomendó archivar el caso. La entidad colegiada reclama que se revea la decisión por el riesgo que representa para la salud pública
El Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de La Rioja escaló su conflicto con lo que considera ejercicio ilegal de la profesión: presentó una denuncia penal contra una persona que ofrece prácticas kinesiológicas y fisioterapéuticas sin acreditación académica ni matrícula profesional. Sin embargo, la Fiscal Nadia Schargrodsky recomendó archivar la causa, argumentando que no existe intrusismo profesional acreditado. La disputa ahora se centra en si el Gobierno provincial y la Justicia federal fortalecerán los mecanismos de fiscalización que protejan a los pacientes y legitimen el monopolio del ejercicio profesional matriculado, o si prevalecerá una interpretación más laxa que permita cierta flexibilidad en la prestación de servicios complementarios.
La denuncia y el reclamo colegial
Emmanuel Uliarte, presidente del Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de La Rioja, explicó que la denuncia penal se presentó «tras varios llamados de atención a esta persona que realiza el ejercicio profesional que le compete al kinesiólogo». El acusado, según el Colegio, ofrece prácticas que incluyen masajes deportivos, tratamientos para patologías cervicales y lumbares, y atención a bebés y niños con problemas respiratorios, todo sin contar con título habilitante ni matrícula profesional.
La gravedad que el Colegio atribuye al caso radica en dos factores: primero, la naturaleza de las prácticas —que reclama como exclusivas del kinesiólogo matriculado— y segundo, la población afectada. «La situación reviste especial gravedad por la realización de prácticas sobre niños», sostuvo la entidad colegiada en su comunicado oficial.
Uliarte enfatizó que el denunciado fue notificado y citado por el Colegio en múltiples ocasiones, sin que eso detuviera su actividad. «Esta persona no puede ejercer estas prácticas primero por no tener título y por no tener matrícula profesional de kinesiólogo que son prácticas propias de la kinesiología y la fisioterapia. La hemos notificado y citado a esta persona y sin embargo sigue ejerciendo estas prácticas», señaló.
El universo del intrusismo: de los alumnos a los masajistas sin regulación
El presidente del Colegio describió un fenómeno más amplio que trasciende al denunciado específicamente: un ecosistema de prestadores que operan en la zona gris entre lo legal y lo ilegal. «Hay alumnos de la carrera de kinesiología que hacen esas prácticas, gente que hace cursos de masajes y utiliza la fisioterapia y que son los agentes físicos», enumeró Uliarte.
Esta realidad refleja un problema estructural: La Rioja carece de regulación específica que distinga claramente entre un kinesiólogo matriculado, un técnico en masajes, un terapeuta deportivo, o un promotor de bienestar sin credenciales formales. El Colegio reclama que esta ambigüedad normativa pone en riesgo a los pacientes. «El país hay mucha gente que hace estas prácticas que son propias de la kinesiología y no podemos seguir permitiéndolo porque está en riesgo la salud pública», reiteró.
La recomendación de archivo: el primer punto de quiebre judicial
El conflicto escaló cuando la Fiscal Nadia Schargrodsky recomendó archivar la causa, argumentando que no existe acreditación de intrusismo profesional. Uliarte describió esta decisión como un revés: «La fiscal Nadia Schargrodsky recomienda archivar la causa porque considera que no se está ejerciendo intrusismo profesional».
La recomendación de archivo abre una pregunta jurídica incómoda para el Colegio: ¿qué constituye «intrusismo profesional» en La Rioja? ¿Es suficiente que una persona se presente públicamente ofreciendo servicios que requieren acreditación formal, o se requiere que se identifique explícitamente como kinesiólogo profesional? La Fiscal aparentemente adoptó una interpretación restrictiva, lo que deja en suspenso el concepto mismo de monopolio profesional que los colegios reclaman.
El reclamo por regulación y control
Uliarte cerró su intervención con un pedido directo: «Pedimos que se revea este caso y que no se archive la causa como recomienda la Fiscal, exigimos que se respete el ejercicio profesional». Implícitamente, el reclamo es por una mayor capacidad de fiscalización estatal y judicial de las profesiones sanitarias.
El Colegio también lanzó una recomendación dirigida a la población: «Pedirle a su terapeuta la matrícula profesional de kinesiólogo porque está en riesgo su vida». Este llamado convierte al ciudadano en guardián de su propia seguridad, delegando la responsabilidad de verificación a los pacientes en lugar de a las autoridades.
El contexto más amplio: profesiones, matriculación y salud pública
Este conflicto se inscribe en un debate mayor que ya atraviesa a La Rioja: el rol de los colegios profesionales, la obligatoriedad de la matriculación y el poder estatal de fiscalización. El Gobierno provincial acaba de emitir el decreto 229 que condiciona el cobro de beneficios salariales de los profesionales en la APP a estar matriculados y al día con sus cuotas —una medida que fue impulsada precisamente por colegios y consejos profesionales.
Sin embargo, ese decreto opera sobre el sector público. En el sector privado y en el ejercicio profesional independiente, la regulación es más laxa. La denuncia de los kinesiólogos expone precisamente este vacío: ¿cómo se fiscaliza y sanciona el ejercicio ilegal en territorios donde el Estado tiene menor presencia?
Los tres vectores del problema
La denuncia de los kinesiólogos revela al menos tres problemas entrelazados: primero, la falta de una ley provincial que defina específicamente qué actos constituyen ejercicio profesional exclusivo del kinesiólogo; segundo, la debilidad de los mecanismos de fiscalización y sanción administrativos (multas, clausuras, antecedentes penales); y tercero, la ausencia de una jurisprudencia clara sobre qué es intrusismo en contextos donde los servicios sanitarios se entrelazan con el bienestar y la formación complementaria.
La recomendación de la Fiscal Schargrodsky de archivar la causa abre una grieta importante: si el intrusismo profesional es tan difícil de acreditar penalmente, los colegios profesionales no tienen otra herramienta que la persuasión pública y la presión política. El decreto 229 que obliga a los estatales a matricularse fue un avance institucional; lo que falta ahora es un mecanismo equivalente para el sector privado, donde la salud de miles de riojanos se negocia en consultorios sin regulación. La Justicia debe definir si La Rioja protege o no el monopolio profesional. Los kinesiólogos están pidiendo una respuesta clara.
